Mora Icaza: Debe STPS ampliar fecha límite para regular ‘outsourcing’

Redacción

Apenas 38 mil empresas de 90 mil que iniciaron el trámite completaron el procedimiento de ingreso al Registro de Prestadoras de Servicios Especializadas y Obras Especializadas (REPSE), y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) recomienda ampliar el plazo para ello hasta inicio del próximo año, expresó José Medina Mora Icaza.

El líder del organismo calificó como necesario que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y los legisladores homologuen el plazo de entrada en vigor de la reforma en materia de Subcontratación al 1 de enero de 2022.

“En estricto apego a lo señalado en la Constitución no debe existir un trato diferenciado entre las empresas del sector público y el sector privado, por lo que homologar el plazo contribuirá a lograr una correcta aplicación de la ley y la implementación de la reforma, lo que evitará la pérdida de plazas laborales y la extinción de fuentes de empleo necesarias”, consideró Medina Mora.

VULNERABILIDAD

Dijo que desde Coparmex se advirtió con oportunidad que la ampliación concedida al 1 de septiembre no era suficiente, ya que se requería de un plazo mayor, pues de acuerdo con estimaciones 90 mil empresas han tramitado su registro ante el REPSE.

“La mayoría esperan respuesta positiva o negativa por parte de la STPS a cuando la fecha límite se acerca, lo que las sitúa en una condición de extrema vulnerabilidad“, abundó.

El director de Coparmex dio a conocer que apenas el 44 por ciento de las empresas que han iniciado los trámites para su registro han obtenido la autorización del REPSE, lo que quiere decir que al 56 por ciento de quienes lo solicitaron se les ha negado o están pendientes de que se les otorgue.

PUEDEN DESAPARECER

Esta situación implica un riesgo para empresas y sus colaboradores, pues quienes no logren obtener el registro antes del 1 de septiembre, dejarán de prestar servicios a sus clientes y, por ende, existe el riesgo de que desaparezcan del mercado y se pierdan fuentes de empleo formal.

“Se tienen estimaciones de que podrían ser más de 250 mil empresas las que requieran tramitar su registro ante el REPSE, por lo que a partir de septiembre dejarán de prestar servicios a sus clientes y de seguirlos prestando podrían tanto clientes como prestadores ser sujetos de sanciones”, explicó.

“La Coparmex solicita a la STPS que comparta la problemática actual con el Congreso para que se conceda una ampliación razonable del plazo para la entrada en vigor la reforma en materia de Subcontratación y se homologue al 1 de enero de 2022 para el sector privado, tal y como fue establecido para el sector público”, expuso en comunicado.