Salinas Pliego denuncia a México por persecución política ante la CIDH

Ricardo Salinas Pliego llevó su confrontación con el Estado mexicano al plano internacional. Este martes, el empresario y presidente de Grupo Salinas acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que califica como una “persecución política” en su contra.

De acuerdo con el propio conglomerado, la denuncia presentada ante el organismo regional busca que la CIDH “declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordene garantías de no repetición que restauren la independencia judicial y protejan la libertad de expresión y el derecho de propiedad en nuestro país”.

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CIDH recibe denuncia de Salinas Pliego contra el Estado mexicano

El señalamiento central apunta a que las empresas del grupo habrían sido objeto de una “persecución fiscal, judicial y administrativa coordinada” destinada, según su versión, a “restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público”.

Salinas Pliego se reunió en Washington D.C. con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA). En un video difundido en sus redes sociales, el empresario justificó su denuncia “por el acoso que nos sujetan en las mañaneras (sic). Más de 600 menciones de Grupo Salinas, Ricardo Salinas, evasión fiscal, bla, bla, bla”.

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Conflicto fiscal y señalamientos de persecución llegan a la CIDH

El trasfondo del caso es eminentemente fiscal. Durante más de una década, empresas como Elektra y TV Azteca promovieron decenas de amparos y recursos legales para evitar el pago de créditos fiscales determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), derivados de operaciones contables realizadas hace varios lustros. Los litigios avanzaron por distintas instancias hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en noviembre pasado resolvió no conceder el amparo y permitió la ejecución de los cobros.

En ese contexto, la autoridad hacendaria reiteró recientemente el monto del adeudo. Antonio Martínez Dagnino, Jefe del Servicio de Administración Tributaria, anunció en una “Mañanera del pueblo” que Grupo Salinas deberá pagar 51 mil millones de pesos en enero del presente año, al tratarse de créditos fiscales firmes tras agotar todas las instancias judiciales.

Aun así, Grupo Salinas afirma que se ha hecho un “uso político del aparato fiscal” y sostiene que, pese a la disposición del empresario para atender sus compromisos tributarios conforme a la ley, “el Estado ha respondido con negativas y trato discriminatorio, evidenciando un fin coercitivo y no recaudatorio”. Desde su postura, el conflicto va más allá de una controversia entre autoridad y contribuyente y se presenta como “un aviso sobre la crisis institucional en México”.

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Caso Salinas Pliego abre debate sobre posibles repercusiones

El recurso ante la CIDH ha generado cuestionamientos entre especialistas, quienes advierten que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue concebido para atender violaciones graves contra personas en situación de vulnerabilidad, no para dirimir controversias fiscales entre el Estado y actores económicos de alto poder. Incluso en un escenario hipotético de reconocimiento de una persecución política, el cauce de los adeudos fiscales seguiría un camino legal independiente.

Más allá de su desenlace jurídico, la acción ante la CIDH traslada el conflicto a otro terreno: el de la confrontación política y mediática entre uno de los empresarios más influyentes del país y el actual proyecto de gobierno, una disputa que, por ahora, rebasa los tribunales nacionales y busca eco en el escenario internacional.