Ignora CONAMER opinión empresarial sobre nuevas regulaciones de la STPS

STPS deberá responder 25 comentarios manifestados en la consulta pública

Redacción

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) emitió un dictamen preliminar sobre el proyecto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el que se pretende -entre otras disposiciones- reducir de 90 a 5 días los tiempos de respuesta de las empresas ante inspecciones y en el que no contemplaron las principales inquietudes del sector privado expuestas en la consulta pública.

Por ello, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) reitera que dicha modificación propuesta por la STPS en el anteproyecto “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento general de inspección de trabajo y aplicación de sanciones es excesiva pues convierte la obligación de difícil, a imposible cumplimiento”.

De recortarse los tiempos de respuesta de 90 a 5 días, se pone en riesgo la viabilidad de las empresas, pues se genera una sobrecarga adicional para atender las observaciones y así evitar multas y sanciones que, en el contexto de crisis económica actual, pone en entredicho si realmente la aplicación de la regulación generará mayores beneficios que costos.

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Es importante mencionar que en el periodo de consulta pública -uno de los que ha registrado mayor participación ciudadana- para esta disposición, se recibieron 25 comentarios por parte de la sociedad civil y el sector empresarial, mismos que una vez emitido el dictamen preliminar sobre el proyecto, la STPS está obligada a responder sobre los posibles impactos de la regulación.

Por otra parte, en el periodo que comprende del 3 al 9 de julio de 2021, la #AlertaRegulatoria observó el ingreso de 18 nuevos proyectos regulatorios a la CONAMER, de los cuales, uno fue clasificado como regulación con costo económico y/o social, por lo que tendrá un Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) y una consulta pública.

Dicha propuesta, enviada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene como objetivo establecer los requisitos y obligaciones que deben de cumplir todas aquellas personas físicas que busquen acceder a la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y fue catalogada como “AIR de impacto moderado”.