Durante su posicionamiento, la legisladora señaló que la iniciativa, presentada bajo el argumento de fortalecer los derechos de las audiencias, podría convertirse en un mecanismo para supervisar contenidos, ejercer presión sobre los medios de comunicación y desalentar las críticas dirigidas al gobierno. A su juicio, esto generaría incertidumbre sobre los límites de lo que periodistas, comunicadores y ciudadanos pueden informar o expresar.