Lupita Murguía alerta por ley catastral que podría elevar el predial y las rentas

La expedición de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral permitirá al Gobierno federal incrementar la recaudación del impuesto predial y otros impuestos inmobiliarios mediante la actualización de los valores catastrales, señaló la senadora por Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez.

Durante la discusión del dictamen en lo general, la legisladora del Partido Acción Nacional cuestionó que la Federación utilice como argumento la homologación, armonización y modernización de los registros públicos de la propiedad para intervenir en facultades que corresponden a los estados y municipios.

Para Murguía Gutiérrez, uno de los efectos de esta medida sería un incremento en las rentas, debido a que la actualización de los valores catastrales podría repercutir en los costos que deben asumir quienes ocupan inmuebles en calidad de inquilinos.

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Ley catastral concentra información y atribuciones

Dentro de las disposiciones contempladas se encuentra la creación de una Clave Única Catastral y una Cédula Única Catastral y Registral, además del uso obligatorio de Llave MX para realizar trámites digitales, explicó la senadora.

El origen de las facultades del Congreso de la Unión para legislar sobre esta materia se encuentra en la reforma de 2013, recordó Murguía, quien señaló que el segundo artículo transitorio estableció que previamente debía solicitarse la opinión de las entidades federativas.

Según la senadora, en la exposición de motivos no existe constancia de que el Gobierno federal haya realizado dicha consulta, ni de que diputados o senadores hayan llevado a cabo este procedimiento.

Desde su perspectiva, la reforma constitucional de 2013 permite al Congreso de la Unión armonizar y homologar la organización y funcionamiento de los registros inmobiliarios, pero no le concede facultades para asumir las funciones que actualmente corresponden a los sistemas locales.

La nueva legislación también contempla que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dependiente del Ejecutivo federal, pueda establecer obligaciones para estados y municipios mediante lineamientos, modelos y planes, situación que Murguía consideró contraria al federalismo.

Senadora cuestiona uso de datos catastrales

Otro de los puntos señalados por la legisladora corresponde a la concentración de información que generaría el nuevo esquema nacional, particularmente ante la facultad de la Agencia de Transformación Digital para crear un módulo general de gestión del impuesto predial.

Frente a este escenario, Murguía Gutiérrez cuestionó cuál será el destino de la información recopilada y qué uso tendrá por parte de la autoridad federal.

Aunque el proyecto contempla medidas relacionadas con la protección de datos personales y la seguridad de la información, la senadora sostuvo que estas disposiciones deben acompañarse de límites verificables.

Entre las preguntas planteadas por la legisladora se encuentran para qué se quiere la información, cuál será su finalidad, quién tendrá acceso a ella y qué mecanismos existirán para impugnar o corregir datos erróneos.

“El catastro no es una función federal, es una función en la cual las legislaturas de los estados o la delegan a los municipios o se la asignan a los estados, como es el caso de Querétaro, de Nuevo León y de Aguascalientes”, advirtió.

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Plan Nacional Catastral carecería de recursos

Respecto al Plan Nacional Catastral previsto en la nueva legislación, Murguía señaló que su ejecución dependerá de la disponibilidad presupuestaria, pese a que no se contemplan recursos para implementarlo ni en este presupuesto ni en el siguiente.

La aplicación del nuevo modelo requeriría mantener actualizada la cartografía, incorporar plataformas digitales, implementar Llave MX y capacitar a las autoridades encargadas de operar el sistema, explicó.

Ante la falta de recursos para cumplir con estas tareas, la senadora consideró que existe una contradicción entre las obligaciones que plantea la legislación y las condiciones presupuestarias para llevarlas a cabo.

Por estas razones, las senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional votaron en contra del dictamen.