Comunidad otomí demanda despojo de tierras en Tzibanzá

Juan Carlos Machorro

La presidenta de la Cooperativa de Tzibanzá, Antonia Biais Trejo, acusó al exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez  Servién, por arrebatarles tierras de la etnia otomí, al asegurarles que se les tramitarían 64 millones de pesos de recursos federales para mejorar el parque ecoturístico Tzibanzá, municipio de Cadereyta de Montes.

Se añadió que el exmandatario estatal y el actual gobernador Mauricio Kuri González se adjudican esas tierras y luego les exigió un pago mensual después de 200 mil pesos mensuales, expresaron.

La presidenta de la Cooperativa informó que la actual Administración estatal mantiene una actitud de no dialogar sobre el tema y “ya nos piden 50 mil pesos mensuales, porque el Gobierno ya se ostenta como el dueño”.

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Por ello, desde el pasado 3 mayo del 2022 decidieron asesorarse legalmente para poder recuperar sus tierras, ya que no tenían ningún documento. El 30%  de la presa está dentro de los límites de Querétaro y el 70% restante en Hidalgo.

Este parque ecoturístico, integrado por una isla y el cual visitan turistas europeos, asiáticos, latinos y estadounidenses para la práctica de la pesca deportiva, es el sustento económico de más de 700 personas directas y más de 3 mil de forma indirecta.

El abogado Rafael Arriaga indicó que la denuncia fue hecha en Tula, Hidalgo, por fraude y peculado y solicitaron que la Fiscalía General de la República atraiga el caso a la Ciudad de México, ya que el asunto es federal y consideran que en Querétaro hay “demasiada corrupción en el Gobierno”.

En conferencia de prensa, los líderes de la Cooperativa de Tzibanzá en Cadereyta de Montes, Querétaro, denunciaron que los titulares del Poder Ejecutivo (anterior y actual) presuntamente cometieron fraude y peculado por adueñarse ilícitamente de cuatro hectáreas de sus tierras.

Al respecto, Arriaga, quien lleva el curso de las demandas civil y penal en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, detalló que el parque ecoturístico que maneja la cooperativa tiene un valor superior a 700 millones de pesos.

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Explicó que las autoridades queretanas abusaron de la comunidad hñähñu, a la que se le aseguró que le bajarían 64 millones de pesos de recursos federales para hacer una remodelación, y que ellos deberían donar una hectárea, pero se apropiaron de cuatro hectáreas que escrituraron, y además les exigieron, a partir del 2017, que comenzaran a pagar 200 mil pesos mensuales de renta.