Una nueva visión de la justicia: Dip. Felipe Fernando Macías

En su ensayo “Objeto de las Constituciones”, el jurista Mariano Otero afirmó que “las naciones, absolutamente hablando, pueden existir sin todo menos sin administración de justicia. Un buen arreglo de ella, vale por más que muchas providencias de otros géneros”. No le faltaba razón: entre los grandes problemas nacionales que hoy enfrenta México los primordiales están relacionados con la inseguridad, la impunidad y la insatisfacción con la resolución de los conflictos, todos ellos aspectos que están dentro de la competencia de la procuración e impartición de justicia.

Estos problemas son complejos y, necesariamente, requieren soluciones integrales que atiendan los múltiples factores que la componen. Desde el inicio de esta legislatura, en del ámbito de nuestra competencia en el orden federal, en la Comisión de Justicia planteamos el ejercicio de nuestras facultades legislativas orientado hacia dos ámbitos fundamentales: la aprobación de reformas a la legislación nacional con capacidad de incidir directamente en la vida cotidiana de las personas y el impulso de reformas capaces de ser referencia para las entidades federativas.

A partir de este planteamiento reconocimos una cuestión medular de la justicia en México: la mayor parte de los asuntos que se resuelven ante órganos jurisdiccionales pertenecen al ámbito local. Tan solo en 2021 ingresaron 2.13 millones de asuntos a órganos jurisdiccionales de poderes judiciales estatales en todas las materias, de los cuales el 80.3% son asuntos de materias familiar, civil o penal.

Por ello, nuestra prioridad ha sido hacer lo que nos toca. Actualmente el Congreso de la Unión concentra todas las facultades para legislar en materia de procedimientos, la forma en la que se desarrollan los juicios, en las materias penal, civil y familiar. Muchas de las demandas ciudadanas tienen que ver con la lentitud con que se desarrollan y eso depende absolutamente de los procedimientos. Una forma innovadora de darle solución a este problema fue la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Código Nacional

El Código Nacional implementará un nuevo sistema para la impartición de justicia civil y familiar, en el cual se reconocen y resuelven desigualdades e inequidades entre las partes que concurren a juicio. También se da un amplio margen a los juzgadores para dirigir los procedimientos y proteger a personas en vulnerabilidad, como mujeres, niñas, niños y adolescentes. Otro de los grandes logros de este Código será la reducción significativa de plazos y la priorización de la resolución de los conflictos por encima de las formalidades procesales.

La expedición del Código Nacional traerá consigo un impacto positivo directo en el 70% de los litigios que se resuelven en el ámbito jurisdiccional, justo ahí donde se resiente con mayor fuerza la falta o la acción de la justicia: en los hogares y en la vida cotidiana de las personas. Este es un buen ejemplo de cómo una sola legislación puede mejorar sustancialmente la calidad de vida de la gente y abonar a la pacificación y a la gobernabilidad.

Además, hemos impulsado diversas reformas que también tienen impacto a nivel nacional. Hemos reformado el Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer que los delitos relacionados con violencia de género se puedan perseguir de manera más eficiente, que se repare el daño en su totalidad y que todos los órdenes de gobierno actúen coordinadamente para resolverlos. También hemos dado más herramientas al ministerio público dentro de los procedimientos para defender los derechos de las víctimas y para evitar la impunidad.

Por otra parte, hemos aprobado diversas reformas que reivindican la reinserción social como el principio máximo de los centros penitenciarios. Todas estas reformas, al corresponder directamente al ámbito federal, abonarán de manera inmediata a mejorar el acceso de las personas a la justicia en sus diversas vertientes. Pero como mencioné anteriormente, desde la Comisión de Justicia también hemos impulsado reformas para crear normas referenciales para los Congresos Estatales.

Bajo esa lógica hemos impulsado temas tan relevantes como la “Ley Ingrid” que sanciona a los servidores públicos que difunden imágenes de víctimas; reestructuramos el delito de feminicidio para reconocer más conductas que implican una cuestión de género; reformamos el delito de violencia familiar para reconocer nuevas conductas que lo actualizan y fortalecer las sanciones a quienes los cometan y aprobamos una reforma para sancionar de manera más amplia y severa los delitos ambientales. Finalmente también hemos dado pasos importantes para abonar a una sociedad más igualitaria, al incorporar a la legislación civil figuras como la compensación.

Fortalecer el federalismo

Con estas dos vías, la de la legislación nacional y la del marco referencial para los congresos locales, fortalecemos el federalismo y al mismo tiempo reconocemos los temas medulares que preocupan a nuestra sociedad en el ámbito de impartición de justicia. También nos ha permitido desplegar al máximo nuestras facultades para llevar a cabo las reformas que se necesitan para mejorar de manera inmediata la vida de la gente. Todo esto redunda en una nueva visión de la justicia: que se imparta con rapidez y eficiencia, que priorice la resolución de los conflictos por encima de cualquier formalidad, que reconozca la enorme deuda pendiente con la igualdad sustantiva y que proteja a las personas en mayor situación de vulnerabilidad.

Bajo esta visión de la justicia, humanista, que pone en el centro de los sistemas de justicia a las personas y que busca devolver la confianza ciudadana en las instituciones, hemos contribuido a fortalecer el estado de derecho que últimamente ha sido sumamente vulnerado. En las palabras de Mariano Otero, hemos realizado “buenos arreglos” para mejorar la justicia y aún estamos en vías de consolidar muchos más. Como Presidente de esta gran Comisión estoy seguro de que nuestra labor legislativa será un buen ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien con voluntad, trabajo y esfuerzo, para llevar a México al siguiente nivel.