La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, mencionó que el amparo contradice varios fundamentos jurídicos, como el artículo 135 de la Constitución, mismo que permite su reforma por el Congreso de la Unión con el respaldo de dos terceras partes de sus miembros y la mayoría de los Congresos locales. Además, subrayó que, según la normatividad mexicana, los amparos no son procedentes contra reformas constitucionales.