

El pasivo laboral se suma a las necesidades de inversión, mantenimiento y operación que enfrentan las dos empresas productivas del Estado / Foto: Especial
Los cambios al régimen pensionario generaron reducciones para miles de jubilados y posteriormente obligaron a CFE a modificar el límite aplicado a sus pagos
La situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfrenta otro foco de presión por el peso de sus obligaciones laborales, que en conjunto ascienden a 2.1 billones de pesos.
El monto acumulado comprende pensiones, jubilaciones, servicios médicos, préstamos, aguinaldos y otras prestaciones para trabajadores activos y retirados. De acuerdo con información financiera de las empresas y reportes citados por Reforma, durante la primera mitad de 2026 los recursos relacionados con estos beneficios registraron incrementos relevantes.
Mientras Pemex reportó un aumento anual de 10.9 por ciento, CFE presentó un crecimiento de 25.3 por ciento en el gasto destinado a estos conceptos.
Dentro del monto conjunto, Pemex acumula 1 billón 506 mil millones de pesos en obligaciones relacionadas con beneficios para sus trabajadores y jubilados, cifra que representa un incremento de 10.9 por ciento frente al año anterior.
Entre las prestaciones contempladas se encuentran las jubilaciones, atención médica, préstamos, aguinaldos y apoyos educativos para los hijos de los trabajadores.
Por su dimensión, este compromiso representa la mayor parte de la carga laboral combinada de las dos empresas estatales y se suma a los retos financieros que enfrenta la petrolera.
En la empresa eléctrica, el pasivo relacionado con pensiones, jubilaciones y otros beneficios laborales se ubicó en 554 mil 200 millones de pesos al segundo trimestre de 2026, de acuerdo con el reporte financiero publicado por CFE el 30 de julio.
Al compararlo con los 553 mil 434 millones de pesos registrados al cierre de 2025, el incremento durante los primeros seis meses del año fue de 0.14 por ciento, lo que refleja una relativa estabilidad del pasivo acumulado en ese periodo.
La diferencia entre este comportamiento y el incremento anual de 25.3 por ciento reportado para los beneficios laborales responde a que ambos indicadores miden aspectos financieros distintos: uno corresponde a las obligaciones acumuladas de largo plazo y el otro a los recursos destinados durante un periodo determinado.
A la presión financiera se suma el cambio constitucional aprobado en marzo de 2026, mediante el cual se estableció un límite para las pensiones de trabajadores de confianza de empresas públicas como Pemex y CFE.
La modificación buscó poner fin a las llamadas “pensiones doradas” y fijó inicialmente para este año un tope de alrededor de 67 mil 145 pesos netos mensuales, equivalente a la mitad del salario de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Como consecuencia de la aplicación inicial de la medida, más de 20 mil jubilados de Pemex y CFE registraron reducciones de entre 30 y 70 por ciento en sus pensiones. En determinados casos, los descuentos alcanzaron hasta 32 mil pesos por catorcena.
Frente a los ajustes, extrabajadores de ambas compañías realizaron movilizaciones para exigir el respeto de las condiciones establecidas en sus convenios laborales y señalaron que sus pensiones constituían derechos adquiridos tras años de servicio.
El conflicto pensionario tuvo un cambio de rumbo en junio, después de que la Consejería Jurídica de la Presidencia identificara una contradicción en el artículo constitucional reformado.
A partir de esa interpretación, CFE comunicó a sus jubilados que restituiría pagos de hasta 134 mil 290 pesos, monto correspondiente al límite aplicable a servidores públicos en funciones, en sustitución del tope de 67 mil 145 pesos que inicialmente se había aplicado a los pensionados.
Aunque la reforma constitucional continúa vigente, la determinación redujo el impacto que la aplicación inicial del nuevo límite había generado sobre una parte de los extrabajadores de la empresa eléctrica.
Además del monto registrado, CFE reconoce en sus estados financieros la existencia de pasivos contingentes vinculados con asuntos pensionarios pendientes de conciliación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Esta situación significa que los 554 mil 200 millones de pesos reportados al segundo trimestre no necesariamente constituyen una cifra definitiva, ya que el monto podría modificarse conforme avancen las conciliaciones y se establezcan los efectos financieros de los cambios al régimen pensionario.
Por otro lado, el peso de las obligaciones laborales se incorpora a un escenario financiero más amplio para Pemex y CFE, marcado por deuda, costos de financiamiento, necesidades de mantenimiento, infraestructura y requerimientos de inversión.
En conjunto, los 2.1 billones de pesos comprometidos en obligaciones laborales dimensionan el desafío que representan las pensiones y prestaciones para las dos empresas estatales, particularmente en un momento en que ambas requieren recursos para sostener sus operaciones y atender sus necesidades estratégicas.



