¿México a un paso de una Reforma Fiscal?

La abogada y economista egresada de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), Vanessa Otero García, señaló que existe preocupación en la inversión nacional e internacional por la situación fiscal actual de México, señalando que el país lleva más de 25 años gastando más de lo que recauda, lo que ha generado un déficit fiscal significativo.

En su análisis, destaca que el presupuesto para 2025 parece haber aumentado, pero ajustado a la inflación, se mantiene casi igual al del año anterior, esto, junto con un aumento en los programas sociales y la necesidad de pagar intereses sobre la deuda externa, plantea un escenario complicado para la economía nacional.

“El gobierno ha recurrido a fuentes de ingresos extraordinarios, como el petróleo, y ha incrementado su deuda, pero ahora se enfrenta a una situación en la que ya no hay más recortes presupuestales que realizar”. Argumentó.

Señaló que la política de austeridad implementada por administraciones anteriores ha debilitado al gobierno, dejándolo con pocas opciones viables, siendo la reforma fiscal la más discutida.

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Riesgos para la Clase Trabajadora

La abogada advierte que una reforma fiscal no solo implica aumentar los impuestos a los más ricos, sino que también conlleva revisar las tasas impositivas y eliminar exenciones fiscales que ya no son justificables. Sin embargo, esto podría generar un impacto directo en la clase trabajadora, ya que cualquier aumento en los impuestos podría afectar su capacidad de gasto y, en consecuencia, su calidad de vida.

“El temor a una carga impositiva mayor puede provocar resistencia y descontento social, ya que la mayoría de los mexicanos actualmente no paga impuestos. Esto podría llevar a protestas y un aumento en la presión sobre el gobierno para que justifique el uso de los fondos públicos, lo que podría ser visto como un costo político alto para cualquier administración que intente implementar tales cambios”, explicó.

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Viabilidad de la Reforma Fiscal

Otero García también señaló que, a pesar de la necesidad de una reforma fiscal, la viabilidad de llevarla a cabo es cuestionable, indicó que en este momento, el gobierno cuenta con un respaldo popular significativo y el control del Congreso, lo que podría facilitar la implementación de dicha reforma. Sin embargo, la falta de voluntad política para abordar el tema se debe al alto costo político que conlleva.

La abogada sugiere que la reforma fiscal podría ser una oportunidad para que los ciudadanos se conviertan en corresponsables de las decisiones del gobierno, exigiendo una mayor transparencia y un uso más eficiente del dinero público.

“Sin embargo, este cambio en la mentalidad y la cultura fiscal en el país es un reto complejo que podría llevar tiempo y esfuerzo”, destacó.

Señaló que la clase trabajadora podría ser la más afectada por los cambios propuestos, lo que requiere un análisis cuidadoso y una comunicación clara por parte del gobierno para abordar estos riesgos y generar un consenso en torno a la reforma.

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Además, indicó que un déficit prolongado puede llevar a un aumento de la deuda pública, lo cual afecta la calificación crediticia del país y, por ende, las condiciones para obtener financiamiento en los mercados internacionales. Esto puede traducirse en mayores tasas de interés y una carga financiera adicional para el gobierno.

“Es importante analizar los incentivos fiscales actuales y determinar cuáles realmente fomentan el desarrollo económico y cuáles son simplemente exenciones que benefician a sectores específicos sin un retorno claro al bienestar social. Esto incluye examinar subsidios a industrias o sectores que no contribuyen significativamente al crecimiento”, comentó.

La abogada señaló que se debe fomentar una cultura de corresponsabilidad fiscal es esencial. Esto implica educar a la población sobre la importancia de contribuir al sistema tributario y cómo sus aportaciones impactan en el desarrollo del país.

“Para facilitar la aceptación de una reforma fiscal, sería prudente involucrar a diferentes sectores de la sociedad en el proceso de diseño de la reforma, permitiendo negociaciones que puedan resultar en soluciones más aceptadas por todos”, puntualizó.

Con información de: Braulio Colin