Ricardo Astudillo presenta iniciativa para eliminar el Buró de Crédito en México

El Diputado Federal por Querétaro, Ricardo Astudillo Suárez, presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. La iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria desde el 9 de abril de este año, busca regular la seguridad y la integridad de los datos personales y crediticios de los consumidores, un aspecto que actualmente no está lo suficientemente cubierto.

“La iniciativa pretende evitar discriminaciones injustificadas, aumentar la transparencia y establecer procedimientos claros para corregir errores en historiales crediticios, protegiendo así derechos humanos y financieros”, aseguró Astudillo.

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Ricardo Astudillo busca más transparencia y menos errores administrativos

El legislador precisó que la propuesta busca aumentar la transparencia en la gestión y acceso a la información crediticia, reducir significativamente los errores en los historiales crediticios, proteger a los consumidores contra discriminaciones injustificadas y la exclusión financiera, reducir costos excesivos y fortalecer la seguridad de los datos personales.

Ricardo Astudillo también destacó los efectos negativos del Buró de Crédito, cuyo reporte utilizan instituciones financieras, empresas y empleadores para evaluar el comportamiento crediticio de las personas. Esta práctica puede resultar en discriminación si la información se interpreta mal o no refleja adecuadamente la capacidad financiera. Subrayó que el Buró de Crédito ha violado los derechos de las personas al recopilar datos personales y financieros sin su consentimiento explícito.

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El diputado también señaló que el Buró de Crédito ha sido acusado de discriminar a ciertos grupos, como jóvenes, mujeres y personas con bajos ingresos, lo que limita su acceso a crédito, genera tasas de interés más altas y afecta las oportunidades laborales. Esta práctica, según Astudillo, representa una violación de los derechos humanos.

Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021, 27.3 millones de personas entre 18 y 70 años tenían algún tipo de crédito formal, destacando los créditos otorgados por tiendas departamentales y tarjetas bancarias.

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