El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Legislatura de Querétaro, Homero Barrera Mcdonald, comunicó que se mantiene a la expectativa de recibir la iniciativa presentada por Morena. El objetivo es alinear el delito de extorsión en el estado con la reforma federal recientemente aprobada.
Esta propuesta tiene como finalidad principal unificar los criterios legales y robustecer la capacidad sancionadora del Estado, garantizando un marco jurídico homogéneo que evite la dispersión normativa actual.
Referente al proceso parlamentario, el diputado local del partido guinda indicó que existe la posibilidad de que el documento sea turnado a la comisión que él encabeza para su análisis y posterior dictamen.
En cuanto a la ruta de trabajo legislativo, Barrera explicó:
“Estaremos impulsando que pase al pleno, para homologar la minuta de extorsión, estaremos trabajando”.
Adicionalmente, el legislador enfatizó que su plan de acción contempla la generación de consensos con las demás fuerzas políticas del Congreso local. La meta es asegurar que la reforma avance de manera coordinada y logre su aprobación en el pleno.
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Querétaro analiza propuesta de Morena vinculada a reforma de Claudia Sheinbaum
Es importante señalar que el grupo parlamentario presentó formalmente la iniciativa el pasado 16 de diciembre. Aunque técnicamente implica derogar el delito del Código Penal local, se aclaró que no se trata de despenalizar la conducta, sino de adoptar la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión.
La medida responde directamente a la reforma constitucional federal impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a las modificaciones de 2021, las cuales facultan al Congreso de la Unión para legislar de manera general sobre este delito y cerrar vacíos legales.
En materia de sanciones, la homologación propone un endurecimiento significativo de las penas. Mientras que la legislación actual en Querétaro establece de cuatro a 10 años de prisión, la nueva normativa federal contempla una pena básica de 15 a 25 años de cárcel.
Por último, se busca que esta actualización permita a las autoridades locales actuar con mayor eficacia, alineando a Querétaro con los estándares nacionales en el combate a la extorsión.
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