La DDHQ señaló que tras una minuciosa investigación que englobó nueve informes, 23 entrevistas y testimoniales, el desahogo de 30 vídeos y 12 fotografías, en conjunto con las inspecciones y acompañamientos diversos, esta Defensoría determinó que “la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social omitió entablar un diálogo abierto, incluyente y fructífero con los manifestantes, antes y durante su desarrollo, con la finalidad de recibir, escuchar, atender y dar respuesta conforme a la ley a sus peticiones, así como por no haber cumplido con su obligación constitucional de respetar, proteger y garantizar, el derecho humano de reunión pacífica”.