Con la llegada de la revolución digital y las inteligencias artificiales (IA), los ‘deepfakes’ se han presentado como un recurso preocupante en el panorama político, especialmente en un contexto electoral cada vez más competitivo.
Los videos hiperrealistas, generados mediante programas potenciados por una inteligencia artificial, se han utilizado para crear representaciones engañosas de figuras públicas, lo cual amenaza la integridad de la información y la confianza pública.
Desde 2020, el uso de ‘deepfakes’ ha crecido en México, con un incremento notable en las estafas que involucran videos falsos de políticos. Expertos en ciberseguridad alertan sobre cómo estas manipulaciones digitales son utilizadas por ‘hackers’ para robar información personal y cometer fraudes.
La capacidad de los ‘deepfakes’ para engañar al espectador permite que la desinformación se propague rápidamente, sobre todo en redes sociales, donde la inmediatez del contenido puede eclipsar la veracidad.
La llegada de las ‘deepfakes’ en la política mexicana
Con el procesoelectoral de México rumbo a junio de 2024, la preocupación por el uso de ‘deepfakes’ se intensificó. La Universidad Europea de Valencia declaró que estas falsificaciones sintéticas ejercen presión sobre periodistas que luchan por filtrar noticias reales de las falsas. Además, amenazan la seguridad nacional al difundir propaganda que podría alterar los resultados electorales y debilitar la confianza ciudadana en la información.
México aún carece de un marco legal sólido para abarcar este fenómeno, lo cual deja a la sociedad vulnerable a la proliferación de estos contenidos falsos.
El riesgo es tal que la Unesco ha puesto en marcha la iniciativa ‘Internet for Trust’ para advertir sobre los peligros de la manipulación mediante neurotecnologías.
La presencia de ‘deepfakes’ en otras naciones, como el video manipulado de Barack Obama, recuerda el impacto que estos contenidos pueden tener en la política y en la opinión pública.
En la lucha contra los ‘deepfakes’, se hace un llamado a los políticos, los expertos y la sociedad en general para crear regulaciones efectivas y promover el pensamiento crítico, garantizando que la información en el ámbito político sea confiable y auténtica.