El dictamen, que crea una nueva Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, fue aprobado en lo general por la Cámara de Diputados. Grupos mayoritarios como Morena, PT y PVEM defendieron la iniciativa, argumentando que respeta los derechos adquiridos mediante concesiones y contribuye a limitar prácticas de acaparamiento y el mercado negro del recurso.